Archivo de la categoría: La Audiencia Preliminar en materia Penal

Libertad Condicional-Solicitud de Medida Humanitaria

…Recibida la solicitud, el juez de ejecución deberá notificar al Ministerio Público, y previa verificación del cumplimiento de los requisitos señalados, resolverá, en lo posible, dentro de los tres días siguientes a la recepción del dictamen del médico forense. Los requisitos que deben cumplirse para que la medida proceda, son los siguientes: 1) Que el penado padezca una enfermedad; 2) que la misma sea grave o se encuentre en fase terminal; 3) que sea previo diagnóstico de un especialista; 4) debe ser debidamente certificado por el médico forense y, 5) notificar al Ministerio Público.

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Decisión anulando auto de mero trámite en materia penal

Revisadas como han sido las actas contentivas de la presente causa, y por cuanto se observa que mediante auto de fecha 14 de octubre de 2009, dictado por el órgano subjetivo a cargo de este Tribunal para la fecha, el cual riela a los folios 38 y 39 de la presente causa; se ordenó notificar a la víctima del presente asunto de conformidad con el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, para luego de que constara en autos la respectiva boleta de notificación, proceder a fijar fecha para la celebración de la audiencia preliminar. Este Tribunal, conforme al criterio del órgano subjetivo actual, estima que lo dispuesto en el referido auto, constituyó un error de procedimiento que en el presente caso además de causar una dilación indebida, conculcó el principio de legalidad procesal previsto en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al cual es obligación de los jueces y juezas conocer y decidir los asuntos sometidos a su jurisdicción, sólo mediante los procedimientos que para cada caso determinen las leyes procesales de la materia respectiva.

Ello se afirma así, por cuanto el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, ni divide el lapso previsto para la fijación de la audiencia preliminar, en aquel que corresponde a la víctima para adherirse a la acusación o presentar acusación particular propia, de aquel que corresponde a las partes para realizar las cargas del artículo 328 ejusdem; ni mucho menos el mencionado artículo resulta aplicable a procedimientos especiales como el de autos, en los cuales dada la especialidad de la materia (violencia de género), la fijación de la audiencia preliminar –entre otros aspectos de orden procedimental- se rige por lo previsto en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, específicamente en lo dispuesto en el artículo 104 de la citada ley especial, el cual expresamente dispone:

Artículo 104. Presentada la acusación ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas, éste fijará la audiencia para oír a las partes, dentro de los diez días hábiles siguientes. Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes procederán a ofrecer las pruebas que serán evacuadas en la audiencia de juicio oral y oponer las excepciones que estimen procedentes. El tribunal se pronunciará en la audiencia.
Omissis

Por su parte, respecto del principio de legalidad procesal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 583 de fecha 30.03.2007, ha precisado lo siguiente:

“…El derecho fundamental al debido proceso en materia penal constituye una limitación al poder punitivo del Estado, en cuanto comprende el conjunto de garantías sustanciales y procesales especialmente diseñadas para asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles, con miras a la protección de la libertad de las personas, o de otros derechos que puedan verse afectados. Las aludidas garantías configuran los siguientes principios medulares que, desde la perspectiva constitucional integran su núcleo esencial: 1.- Legalidad, 2.- Juez natural, 3.- Presunción de inocencia, 4.- Favorabilidad, 5.- Derecho a la defensa: – Derecho a la asistencia de un abogado. – Derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas. – Derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. – Derecho a impugnar la sentencia condenatoria. – Derecho a un proceso público. – Derecho a presentar y controvertir pruebas’ (Bernal Cuellar, Jaime y Montealegre Lynett, Eduardo. El proceso penal. Cuarta edición, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002, pp. 69 y 70).
Ahora bien, con relación específicamente al principio de legalidad procesal en el ámbito del debido proceso, puede sostenerse que aun cuando no es tarea sencilla exponer el contenido preciso de esta última institución, en virtud de la cantidad de derechos y garantías que acoge en su interior, sin embargo, tradicionalmente la idea del debido proceso se vincula al aforismo latino nulla poena sine iuditio legale, el cual expresa la dimensión procesal del principio de legalidad, es decir, la noción de sujeción del Estado y la sociedad a la Ley y, por ende, el obligatorio acatamiento por todos de las normas preexistentes, y de un juicio legal para poder determinar la comisión de un hecho punible y la responsabilidad penal de una persona.
Así, según Borrego, ‘el debido proceso nace y encuentra su mejor ambiente en el principio de legalidad procesal nulla poena sine iudicio, es decir, tiene que ver con la legalidad de las formas, de aquellas que se declaren esenciales para que exista un verdadero, auténtico y eficaz contradictorio y que a la persona condenada se le haya brindado la oportunidad de ejercer apropiadamente la defensa…’ (Borrego, Carmelo. La Constitución y el proceso penal. Caracas, Livrosca, 2002, pp. 332)…” (Negritas y subrayado de la Sala).

Siendo ello así, este Juzgador habida consideración, que las disposiciones legales que establecen el procedimiento a seguir para dirimir el conflicto son de eminente orden público, de manera que no pueden, bajo ningún concepto ser inobservadas o modificadas por las partes ni por el juez de la causa; estima que lo ajustado a derecho es ANULAR, el auto de fecha 14 de octubre de 2009, dictado por el órgano subjetivo a cargo de este Tribunal para la fecha, el cual riela a los folios 38 y 39 de la presente causa, por considerar que el mismo, además de conculcar el principio de legalidad procesal, el derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, ha generado una dilación procesal indebida en la presente causa, todo de conformidad con lo previsto en los artículo 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 176 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que el auto objeto de la presente es de los catalogados como de mero tramite o de plena sustanciación.

En consecuencia se ordena a la Secretaria de este Tribunal, y a los fines de evitar la dilación procesal que se ha generado en el presente asunto; proceda a fijar como debió haberse hecho desde un principio; fecha para la celebración de la audiencia preliminar de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y ASI SE DECIDE.

DECISIÓN
En mérito de las razones expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: La NULIDAD ABSOLUTA, del auto de fecha 14 de octubre de 2009, dictado por el órgano subjetivo a cargo de este Tribunal para la fecha, el cual riela a los folios 38 y 39 de la presente causa; por estimar que el mismo conculca el principio de legalidad procesal, el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 235, 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 190, 191, 195 y 176 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: No habiendo reposición que decretar; se ORDENA a la Secretaria de este Tribunal, y a los fines de evitar la dilación procesal que se ha generado en el presente asunto; proceda a fijar como debió haberse hecho desde un principio; fecha para la celebración de la audiencia preliminar de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

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Conflicto de Competencia en materia penal

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Instancia Superior, en primer lugar establecer si es competente para conocer del conflicto suscitado entre el Juzgado Segundo de Ejecución y el Juzgado Primero de Juicio de este Circuito Judicial.

Con respecto al conflicto planteado, el artículo 79 del Código Orgánico Procesal Penal establece entre otras cosas que el conflicto de competencia debe ser decidido por el Tribunal Superior Jerárquico a aquellos que declinan su competencia y siendo que los Juzgados que la declinan son Juzgados de Primera Instancia, corresponde a esta Corte de Apelaciones conocer del conflicto planteado por ser el superior jerárquico inmediato correspondiente a aquellos y así se decide.

RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO

Dilucidada como ha sido el asunto referido a la competencia, esta alzada pasa a decidir de la manera siguiente:
En el nuevo proceso penal venezolano nuestro legislador patrio confirió el conocimiento de una causa, desde el inicio de la investigación hasta la ejecución de la sentencia definitiva, en distintos Jueces de Primera Instancia, dependiendo de la fase en que se encuentre, es decir Jueces de Control, de Juicio y de Ejecución, cada uno de ellos con funciones específicas y delimitadas por normas legales.

Ahora bien, dentro de las atribuciones conferidas al Juez de Juicio no se encuentra la de ejecutar sentencias, la cual como bien se sabe, en la clasificación dada por la doctrina las decisiones versan en sentencia condenatoria o absolutoria, distinta es la ejecución de un fallo que se le ha delegado por mandato expreso del Código Orgánico Procesal Penal en la persona del Juez de Ejecución.

Ejecutar una sentencia no es más que una actividad tendiente a cumplir con lo que se ha ordenado en una sentencia definitivamente firme, bien sea por un Juez de Control o por un Juez de Juicio.

Ahora bien, si bien es cierto que el legislador estableció de manera categórica que corresponde al Tribunal de Ejecución ejecutar sentencias condenatorias, no es menos cierto que en ninguna de las normas adjetivas penales se estableció cual era el Tribunal competente para ejecutar las sentencias absolutorias, dejando así un vacío en la ley, el cual ha sido llenado por la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia.

En expediente Nro. 71-081, se dictó sentencia en fecha 22 de Noviembre de 2001, con ponencia del magistrado Alejandro Angulo Fontiveros se dejó asentado lo siguiente:
(Omissis)
“La solicitud del abogado Defensor se refiere a la libertad del penado ROBERT ALEXANDER MUÑOZ y acerca de tal aspecto el ordinal 1° del artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal, le atribuye expresamente la competencia a los tribunales de ejecución. En realidad, éstos son juzgados especializados y están facultados para conocer y decidir todas las incidencias (penas corporales y patrimoniales y medidas conexas o accesorias) que se presenten en la ejecución de una sentencia penal absolutoria o condenatoria. (Subrayado y negrillas nuestras).

Igualmente en sentencia N° 726, de fecha 09 de Octubre de 2001, con ponencia del Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros se dejó asentado:
(Omissis)
“Ahora bien: la solicitud del ÁNGEL IVÁN ORTEGA se refiere a su libertad y acerca de tal aspecto el ordinal 2° del artículo 472 del Código Orgánico Procesal Penal, le atribuye expresamente la competencia a los tribunales de ejecución. En realidad, éstos son juzgados especializados y están facultados para conocer y decidir todas las incidencias (penas corporales y patrimoniales y medidas conexas o accesorias) que se presenten en la ejecución de una sentencia penal absolutoria o condenatoria”.(subrayado y negrillas nuestras)

Este mismo criterio fue sostenido en sentencia de fecha 08 de Agosto de 2001, con ponencia del Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros y en sentencia Nro. 010, de fecha 24 de enero 2003, con ponencia de la Magistrado Blanca Rosa Mármol de León, en la cual se estableció:

“Por otra parte el Código Orgánico Procesal Penal en los artículos 471 y siguientes, establece el procedimiento relacionado con la ejecución de la sentencia, función ésta a cargo de los Tribunales de Ejecución, a quienes les corresponde todo lo relacionado con la libertad del penado, rebaja de penas, suspensión condicional de la ejecución de la pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio y extinción de la pena; estos juzgados están especializados y facultados para conocer y decidir de todas las incidencias que puedan presentarse respecto a las penas corporales y patrimoniales, así como de las medidas conexas o accesorias para la ejecución de la sentencia penal, bien sea absolutorias o condenatorias”. (Subrayado y negrillas nuestras).

Como corolario de lo anterior, se evidencia claramente que el Tribunal competente para conocer la presente causa es el Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, con sede en Cumaná; en consecuencia el Juez de Juicio remitir las presentes actuaciones al Juzgado antes señalado y así se decide.

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Las Leyes aprobadas más recientemente por la Asamblea Nacional

Ley Orgánica de Contraloría Social (Aprobada el 10 de diciembre de 2010)l
Ley Orgánica de Planificación Pública (Aprobada el 13 de diciembre de 2010)
Ley Orgánica de las Comuna (Aprobada el 13 de diciembre de 2010)
Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (Aprobada el 14 de diciembre de 2010)
Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (Aprobada). También conocida como ley anti salto de talanquera.
Ley Habilitante (Aprobada el 17 de diciembre de 2010)

Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Aprobada el 20 de diciembre de 2010)
Ley de Instituciones del Sector Bancario (Aprobada el 21 de diciembre de 2010)

Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Aprobada el 22 de diciembre de 2010)
Ley Orgánica de Educación Universitaria (Aprobada el 22 de diciembre de 2010)
Reforma del Reglamento Interior y de Debates de la AN (Aprobado el 22 de diciembre de 2010)

Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional. También conocida como ley de ONG (Aprobada el 23 de diciembre de 2010).
Ley de Los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (Aprobada el martes, 28 de diciembre de 2010)
Ley de Consejos Locales de Planificación Pública (Aprobada el martes, 28 de diciembre de 2010)

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Zuloaga: Cualquier acción legal que se intente contra Globovisión será un atropello

Guillermo ZuluagaEste lunes, el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, respondió a las recientes declaraciones del mandatario nacional Hugo Chávez, quien afirmó que estaría incurriendo en el delito de “traición a la patria” desde Washington, Estados Unidos, entre otras cosas. A continuación, se detalla el comunicado completo:

“Amigos, mis queridos compañeros de Globovisión, estoy nuevamente frente a  ustedes, dando la cara y respondiendo por lo que digo y por lo que hago.

El presidente Chávez me ha acusado de ser un delincuente y prófugo de la justicia. Presidente, usted sabe muy bien que ni mi hijo Guillermo ni yo somos delincuentes. Presidente, usted sabe muy bien, que por órdenes suyas, la Fiscalía General de la República nos investigó durante nueve meses y no logró encontrar ni inventar ningún delito.

Presidente, usted sabe que en Venezuela la justicia se ha convertido en un instrumento suyo, para perseguir y amedrentar a todos aquellos venezolanos que nos atrevemos, públicamente, a criticar su gestión de Gobierno. Ante esta falta de independencia de los tribunales en Venezuela, donde me han cambiado los fiscales y
jueces, arbitrariamente, hasta conseguir el que se atrevió a dictar una orden de  aprehensión y reclusión sin ni siquiera llevarnos a juicio, violando así,  descaradamente, el debido proceso.

Yo llevé nuestro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Venezuela es signataria, y lo reté a usted, presidente Chávez, a que ante los jueces internacionales e imparciales que conforman la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentara las acusaciones que usted nos hace en Venezuela, a ver cuál sería el veredicto de estos jueces. Yo estoy dispuesto a aceptar y respetar el veredicto de estos jueces. Yo lo vuelvo a retar, a usted presidente Chávez, a que haga lo mismo.

Presidente, usted me acusa a mí de criticar a Venezuela, no confundamos Presidente, yo no estoy criticando a Venezuela, mi país al cual quiero profundamente. Yo sí hago señalamientos sobre usted y su régimen, eso es muy distinto a criticar a Venezuela. Usted no es Venezuela y como quedó demostrado en la marcha de los estudiantesbolivarianos que la organizaron en su apoyo el domingo pasado, son cada vez menos los venezolanos que lo apoyan.

Presidente, usted sabe muy bien todo lo que se dijo en el foro sobre los peligros en Latinoamérica que hubo en el Capitolio Americano, el 17 de noviembre pasado. Usted debe haber visto el video completo que le grabó Telesur y además ahí estaba una  funcionaria de la embajada de Venezuela en Washington, que se tomó el trabajo de  anotar todo lo que señalaban o denunciaban de usted, su Gobierno y sus cómplices de Bolivia y Ecuador.

Presidente, no invente. Usted sabe muy bien que ahí no había ni hay nadie planeando golpes de Estado o magnicidios. Usted, por su experiencia previa, debe saber cómo se planifican los golpes de Estado y magnicidios, pero no creo que sea en un foro público en el capitolio de Estados Unidos.

Lo que sí quedó claro, en este foro, es que sus actividades en apoyo a organizaciones terroristas, que sus negociaciones presuntamente secretas con Irán, son bien conocidas. Y sí, se comentó el desastre de Gobierno que ha sufrido nuestra querida Venezuela, un gobierno que logró desperdiciar el momento histórico más favorable que ha tenido Venezuela, y que después de haber manejado más de 990.000 millones de dólares, lo único que usted puede mostrar es el país con la tasa de inflación más alta del continente americano.
Somos el único de América con un Producto Interno Bruto negativo y con una cantidad de empresas expropiadas, que hoy son mucho menos eficientes de lo que eran, si es que no han fracasado.

Sí, Presidente, usted tarde o temprano va a tener que rendir cuentas a los venezolanos de cómo usted desperdició esa gran oportunidad que tuvimos de convertirnos en un país progresista, con buenas fuentes de empleo, con un buen  sistema de educación y donde hoy en día todos los venezolanos deberían tener una casa digna donde vivir, con buena calidad de vida. En cambio lo que tenemos es un déficit de más de 2.300.000 viviendas, es decir, más de 10 millones de venezolanos que no tienen ni pueden tener una casa donde vivir dignamente.

Tenemos un sistema eléctrico colapsado y quizás lo peor de todo, lo que constituye verdaderamente traición a la patria, una industria petrolera que sigue siendo nuestra primera fuente de ingresos, colapsada e ineficiente.

Presidente, yo no lo quiero muerto. Yo quiero que tenga mucha salud para verlo cuando le tenga que rendir cuentas a los venezolanos y quizás más allá de nuestras fronteras, por su mala gestión de Gobierno y por el destino que tuvo esa enorme fortuna que usted despilfarró.

Presidente, yo sí rindo cuentas. Yo le rindo cuentas a mis accionistas, a los órganos del Estado como el Seniat y sobre todo a mi familia. Presidente a pesar de que cómo usted sabe, yo sólo manejo dinero privado, bien habido, y de procedencia conocida, usted me ha acusado de estafador. No es de hombres acusarme a mí y a otros venezolanos como usted lo hace, protegiéndose con su investidura de Presidente y para poder hacer esas acusaciones, usted tiene que rendirle cuentas a los venezolanos, de cómo nos ha estafado al despilfarrar la fortuna más grande que haya recibido jamás Venezuela.
Usted ha manejado en 10 años mucho más dinero que el que recibieron todos los gobiernos del período democrático y lo único que nos puede enseñar hoy en día es un país en ruinas.

Presidente, su obsesión no debería ser con Globovisión. Globovisión, como usted lo dice, lo que hace son señalamientos. Señala como usted ha incumplido sus promesas, señala la mala calidad de vida que padecemos los venezolanos bajo su régimen gubernamental.

Su obsesión debería ser cómo mejorar su gestión de Gobierno y eso no lo va a lograr, salvo buscando el concurso de todos los venezolanos, la unión de los venezolanos con un proyecto común. Eso no se logra con amenazas de guerra entre venezolanos, que es su discurso.

Presidente, por más que usted trate no va a lograr que los venezolanos peleemos entre nosotros. Las Fuerzas Armadas tendrán sus radicales, como su último general en jefe, pero estoy seguro que en su gran mayoría son respetuosos de la Constitución sobre la cual hicieron su juramento de carrera y sobretodo son amantes de su país y sabrán respetar la voluntad de la mayoría y frenar a quienes traten de desconocer esa voluntad.

Presidente, no trate de desviar la atención en mí; usted sabe que la verdad es que los venezolanos se cansaron de su ineficiencia y del despilfarro de su Gobierno. Esa ineficiencia que señalamos todos los días en Globovisión, cuando les damos el micrófono a tantos venezolanos desesperados, al ver que su calidad de vida desapareció y que les matan a sus seres queridos.

Presidente, usted sabe que Globovisión sigue estando en esa misma casita donde usted nos visitó como candidato presidencial y dos veces como Presidente, durante su primer año de Gobierno.

Globovisión no ha podido aumentar su cobertura, en señal abierta, porque usted no ha permitido que nos den ningún permiso nuevo. Lo que sí sigue siendo es un grupo de venezolanos con una visión de país donde decir lo que se piensa, donde hacer periodismo libre e independiente es un derecho y no una concesión. Que la libertad de expresión es el derecho de los ciudadanos a estar informados y que no debe tener como costo la confiscación, el exilio o la cárcel. Esos principios y valores nos han convertido en la referencia informativa de Venezuela.

Presidente, no siga manipulando a la Fiscal General de la República y a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Acepte mi reto y dilucidemos el caso de Globovisión y las acusaciones que usted me hace frente a los jueces internacionales e independientes, todos latinoamericanos, de la Comisión y Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Presidente, usted sabe que cualquier acción legal que se intente contra Globovisión será un atropello para la empresa y sus trabajadores, ya que tanto usted como sus asesores saben que Globovisión tiene todos sus permisos y documentación perfectamente en orden y al día y somos celosamente vigilantes de no infringir la Ley”.


Gracias Venezuela por la atención que me han prestado;

Guillermo Zuloaga N.

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Audiencia Preliminar en Materia Penal 3

Se declara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el defensor privado del acusado contra la decisión dictada. Se declara la nulidad del punto del acta que recoge la audiencia preliminar realizada, únicamente referente al punto en donde se declara inadmisible, por extemporánea, las pruebas promovidas por la defensa privada, todo de conformidad con el artículo 190 del Código Orgánico Procesal Penal. Se admiten las pruebas en el escrito de descargo, por cuanto las mismas fueron promovidas dentro del lapso establecido en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, cinco días antes del vencimiento del plazo fijado para la realización de la audiencia preliminar.

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